La Justicia Federal ha recibido una denuncia penal que investiga un posible esquema de irregularidades relacionado con la implementación del plan de retiros voluntarios en el Ministerio de Justicia, correspondiente a los años 2024 y 2025. La denuncia también sugiere que este mismo mecanismo podría haber sido replicado en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
El periodista e investigador Fernando Miguez, actuando como presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, formalizó la denuncia y solicitó ser parte querellante en el proceso. En su presentación, Miguez señala a varios funcionarios, incluyendo a María Florencia Zicavo, exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI, y Juan Cruz Montero, exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del PAMI.
La denuncia incluye posibles delitos tales como negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación a la administración pública, y enriquecimiento ilícito. Se subraya que los hechos expuestos son hipótesis que deben ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal y el juzgado correspondiente, sin que esto implique una afirmación de culpabilidad.
El documento judicial resalta la forma en que se desvinculó al personal contratado a través del ente cooperador ACARA, indicando que, aunque la reglamentación requería que las extinciones laborales se llevaran a cabo mediante escritura pública, en la práctica se habrían realizado homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
Se hace alusión a la facturación de honorarios profesionales no contemplados en la resolución oficial, y se menciona que varios trabajadores fueron representados por un mismo letrado sin una selección libre. Además, se detallan presuntos vínculos societarios entre los imputados y la falta de respuesta a pedidos de acceso a información pública sobre el plan de desvinculaciones.
La denuncia también pide que se analicen inconsistencias patrimoniales y el uso no justificado de un vehículo registrado a nombre de una firma contratista del Estado Nacional. Se destaca la importancia de investigar si la migración de exfuncionarios del Ministerio de Justicia al PAMI implica una replicación de este modelo administrativo en el organismo de salud pública.
Fuentes vinculadas al Gobierno han desmentido categóricamente la denuncia, afirmando que el proceso de retiros voluntarios se llevó a cabo sin inconvenientes. La denuncia incluye una solicitud para llevar a cabo diversas medidas probatorias, tales como requerimientos de documentación y citaciones a declaración testimonial.
Fuente: NA
