El Gobierno de Argentina ha decidido ampliar el procedimiento de bloqueo de celulares a los establecimientos penitenciarios provinciales, con el fin de impedir el uso de dispositivos móviles para actividades ilícitas desde las cárceles. Esta medida se implementará en las provincias que decidan adherir al nuevo protocolo establecido.
La Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) formaliza esta decisión, la cual fue publicada en el Boletín Oficial. La normativa modifica el procedimiento existente que regula el bloqueo de teléfonos denunciados por robo, hurto o extravío, así como la identificación de equipos que presenten irregularidades.
A partir de ahora, las empresas de telecomunicaciones estarán obligadas a bloquear el código único de cada equipo (IMEI), el código de la tarjeta SIM (IMSI) y la línea telefónica asociada a los dispositivos que se activen dentro de las áreas de detención. Este procedimiento ya era aplicable a las cárceles federales y ahora se extiende a las cárceles provinciales que se sumen al protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Es importante destacar que los bloqueos no se llevarán a cabo de manera automática. Serán necesarios solicitudes expresas del Ministerio de Seguridad, que deberá proporcionar los datos requeridos a las compañías de telecomunicaciones. Los pedidos realizados por las provincias que se adhieran al protocolo serán comunicados exclusivamente a través de esta cartera nacional.
La inclusión de los penales provinciales surge tras una solicitud del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom, donde se expuso la problemática existente en sus cárceles y se demandó la creación de una normativa que incluyera a estas jurisdicciones.
La normativa también establece que la tecnología implementada debe tener los ajustes técnicos necesarios para evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones en áreas externas a los establecimientos penitenciarios. Adicionalmente, las empresas de telecomunicaciones deberán registrar y conservar todas las gestiones realizadas, garantizando la integridad y trazabilidad de cada intervención, y poner esta información a disposición de los usuarios o autoridades que la requieran.
Esta decisión se presenta meses después de que la Justicia prohibiera el uso de celulares a cuatro detenidos acusados de integrar la Banda del Millón, quienes, según informes, organizaban robos violentos desde sus celdas.
Fuente: La Nación
