Una investigación policial que se inició con la desaparición de una adolescente de 13 años ha revelado una alarmante red de grooming, explotación sexual y abuso de menores en Córdoba. En total, 11 personas han sido detenidas, incluyendo a un hombre que se desempeñaba como asesor de un legislador provincial oficialista.
El Ministerio Público Fiscal ha confirmado que dos de las víctimas de este caso tenían un implante anticonceptivo desde hace al menos dos años, lo que plantea serias interrogantes sobre el bienestar de las menores. La fiscal Analía Cepede, a cargo de la investigación, ha establecido que los sospechosos contactaron a las adolescentes a través de redes sociales, solicitando imágenes desnudas y, en algunos casos, estableciendo encuentros presenciales.
La adolescente cuya desaparición fue denunciada por su familia fue localizada con vida. A través del análisis de su teléfono celular, se encontraron conversaciones de contenido sexual y contactos con varios hombres adultos. Hasta el momento, tres menores han sido incorporadas como víctimas en la causa, pero se prevé que puedan sumarse más, al igual que los acusados.
Las detenciones han sido constantes; a fines de julio se arrestaron a siete personas, y el último fin de semana se realizaron dos detenciones más, seguidas de otras dos en las últimas horas. Todas estas acciones tuvieron lugar en Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba.
En los casos donde se ha determinado contacto digital con fines sexuales, se han formulado acusaciones por grooming, mientras que aquellos que involucran encuentros y contacto sexual han derivado en imputaciones por abuso sexual con acceso carnal. Los teléfonos de las adolescentes circulaban entre hombres que compartían entornos comunes, lo que ha dificultado la identificación de una red criminal organizada, aunque esta línea de investigación continúa.
La situación de vulnerabilidad social de las víctimas y sus familias ha sido un factor crítico en el caso. Todas las menores comparten características de desventaja socioeconómica, y en algunos casos se ha evidenciado que las adolescentes recibieron contraprestaciones económicas por fotografías desnudas, alcanzando hasta $80.000.
La fiscal Cepede ha señalado que esta vulnerabilidad ha jugado un papel fundamental en cómo los adultos lograron manipular a las menores. La información sobre el implante anticonceptivo fue descubierta durante exámenes médicos y psicológicos en el Polo de la Mujer, lo que ha llevado a la Justicia a investigar la responsabilidad del sistema de salud y de los hospitales locales por la colocación de estos dispositivos en menores de edad.
Uno de los detenidos, José Aníbal Ricardo Villarreal, quien era asesor del legislador oficialista Ramón Ernesto Flores, ha sido acusado de abuso sexual con acceso carnal. Flores ha reconocido la relación laboral, pero aseguró haber solicitado la desvinculación de Villarreal tras conocer su situación. Este vínculo ha sido mencionado en la causa, aunque se investiga qué funciones desempeñaba realmente.
En este contexto, los 11 detenidos permanecen en la cárcel de Cruz del Eje mientras avanza la etapa de instrucción del caso.
Fuente: La Nación
