La Corte Suprema de Justicia ha convocado a conjueces para determinar si se reabre la única causa por corrupción que afecta al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, relacionada con la construcción del Paseo del Bajo.
Después de un debate prolongado entre los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosekrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes no lograron llegar a una decisión unificada, se decidió designar a dos presidentes de las Cámaras Federales como conjueces. Los elegidos son los camaristas Alberto Dalla Vía, de la Cámara Nacional Electoral, y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Salta.
En esta causa, Rodríguez Larreta y otros funcionarios, incluyendo al exministro de Transporte Guillermo Dietrich y al exministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, habían sido sobreseídos. Destaca el caso de Carlos María Frugoni, quien tras dejar su cargo en la Ciudad fue nombrado en el gobierno de Javier Milei, pero tuvo que renunciar en medio de un escándalo por la no declaración de propiedades en el extranjero.
El cierre definitivo de la causa se había dispuesto el 27 de octubre de 2021 por los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, quienes no revisaron el fondo del asunto, sino que declararon “mal concedido” el recurso de casación presentado por los fiscales Alejandro Agüero Iturbe y Sergio Rodríguez. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia, argumentando que la Cámara debía tomar el caso.
Este fallo ratificó lo resuelto por la Cámara Federal en mayo de 2021, que había considerado que no hubo irregularidades en el proceso licitatorio de la obra y que no se perjudicó al Estado. Rodríguez Larreta y Dietrich fueron acusados de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por adjudicar uno de los tramos del Paseo del Bajo a la firma Iecsa, asociada a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
La denuncia inicial provino del abogado Fernando Míguez, conocido por sus acciones judiciales en tribunales federales, y fue respaldada por una investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que se basó en un informe de la Auditoría General porteña. Este informe señalaba que la manipulación del proyecto favoreció a Iecsa, que fue adjudicataria de un tramo del proyecto por 4480 millones de pesos, dentro de un presupuesto total de 8700 millones.
A pesar de las solicitudes de los fiscales para profundizar la investigación, los camaristas consideraron que las pruebas recolectadas por el juez Bonadio eran suficientes para sobreseer a los acusados, desestimando que se hubiera alterado el proceso de licitación en favor de Iecsa.
Fuente: La Nación
