La causa conocida como Vacunatorio VIP ha entrado en una nueva fase con el inicio de las indagatorias, marcando un avance significativo en una investigación que ha sido calificada como uno de los episodios más criticados de la gestión gubernamental actual. La primera en ser convocada a declarar fue la médica Lucía Antolini, quien negó las acusaciones en su contra. Su testimonio dio inicio a una serie de audiencias que se llevarán a cabo hasta el 9 de diciembre en los tribunales de Comodoro Py.
La investigación, liderada por el fiscal Eduardo Taiano, busca determinar si las personas que recibieron vacunas contra el Covid-19 lo hicieron en violación de los criterios de prioridad establecidos durante la pandemia. Se alega que la cercanía con el poder político se convirtió en un criterio de selección más valioso que la vulnerabilidad médica o la exposición directa al virus.
Según la acusación, aquellos que aceptaron recibir la vacuna a pesar de no pertenecer a los grupos prioritarios contribuyeron a un delito de peculado, lo que implica el desvío o uso indebido de bienes públicos. La investigación también cuestiona cómo estas acciones afectaron a personas que realmente necesitaban el acceso a la vacuna.
El escándalo fue destapado por informes periodísticos que revelaron la existencia de vacunaciones reservadas en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas, donde funcionarios seleccionaron a beneficiarios a dedo. Este hecho llevó a la renuncia del entonces ministro Ginés González García, quien fue investigado pero no procesado antes de su fallecimiento en 2024.
Entre los convocados a indagatoria se encuentran figuras públicas como el expresidente Eduardo Duhalde y el periodista Horacio Verbitsky. La investigación busca esclarecer el conocimiento de cada uno de ellos respecto a las condiciones en que recibieron la vacuna y qué responsabilidad tuvieron en el acceso irregular a este recurso escaso.
Hasta ahora, solo tres personas han sido procesadas en relación con este caso. La jueza María Eugenia Capuchetti está a cargo de la causa, que pone de manifiesto un uso indebido de recursos públicos en un contexto de crisis sanitaria.
El Vacunatorio VIP ha evidenciado una grave desigualdad en el acceso a la salud pública, donde los privilegios de algunos contrastan con la lucha de muchos por acceder a un bien esencial. La urgencia de una respuesta judicial efectiva es esencial, no solo para honrar la memoria de quienes sufrieron, sino también para restaurar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la salud de la población.
Fuente: La Nación
