La Libertad Avanza, en colaboración con bloques dialoguistas, está impulsando un proyecto de ley que propone declarar imprescriptibles los delitos sexuales que conllevan penas de prisión perpetua. Esta iniciativa es liderada por la diputada Virginia Gallardo y se enmarca en los esfuerzos del oficialismo para combatir la inseguridad.
La intención de los legisladores es que esta medida sea tratada con rapidez, dada la importancia que la lucha contra el delito tendrá en la campaña presidencial de 2027. El proyecto cuenta con el respaldo de varias diputadas, entre ellas Laura Rodríguez Machado, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo, Gabriela Flores, así como de la cordobesa Carolina Basualdo y la sanjuanina Nancy Picón Martínez.
Un aspecto fundamental de esta propuesta es que la acción penal no prescriba en casos donde se haya dictado una condena a prisión perpetua por delitos contra la integridad sexual. Para ello, se plantea modificar el artículo 65 del Código Penal, estableciendo que «la acción penal no prescribe para los delitos sancionados con pena de prisión perpetua».
Además, el proyecto sugiere aumentar de 12 a 15 años el plazo para la prescripción de causas penales relacionadas con delitos sexuales. También se prevén mayores penas para los abusos sexuales a menores de 13 años, aumentando la pena de 1 a 6 años en ciertos casos, de 4 a 12 años en situaciones de «sometimiento agravado» y de 6 a 20 años en casos de violación.
Para los abusos contra adolescentes de entre 13 y 16 años, se propone que ciertos delitos no sean excarcelables, incrementando las penas de 3 a 6 años y de 6 a 10 años respectivamente.
En sus fundamentos, Gallardo argumenta que estas modificaciones buscan dar coherencia al sistema judicial y asegurar que el tiempo no impida la justicia en casos de gravedad extrema. «Si para determinados delitos el propio Código Penal establece la pena más grave, no es coherente que el Estado pierda la posibilidad de perseguirlos simplemente porque ha pasado el tiempo», afirmó la diputada.
La propuesta también incluye la incorporación del artículo 65 bis del Código Penal, reiterando la necesidad de que la gravedad de los delitos esté alineada con la capacidad efectiva de la Justicia para actuar.
Fuente: NA
