El concepto de decoro ha caído en desuso, evidenciando una crisis en la percepción de la ética en el ámbito judicial. Este valor cívico no debe ser considerado como un mero adorno del carácter, sino como una virtud esencial que protege la confianza pública en la administración de justicia.
Los jueces, al administrar justicia, manejan un bien intangible y vulnerable: la confianza de la ciudadanía. Una sentencia puede ser jurídicamente válida, pero perder su legitimidad si se cuestiona la imparcialidad del juez que la emite. Por ello, no basta con ser imparcial; también se requiere que esta imparcialidad sea percibida. Este principio ha sido fundamental en la cultura jurídica occidental durante siglos.
Recientemente, el nombramiento de la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está involucrado en investigaciones que podrían comprometer intereses del poder, resalta la problemática del decoro en la función judicial. La capacidad profesional de la magistrada no es el punto en cuestión, sino la presunción de independencia del juez, que se ha visto seriamente comprometida.
Otro caso que ilustra esta falta de decoro es el del juez Diego Barroetaveña, quien participó de eventos sociales en contextos que podrían presentar conflictos de interés. Su actuación en causas vinculadas a la AFA, sin excusarse, genera dudas sobre su imparcialidad. Asimismo, el juez Ernesto Kreplak, encargado de la causa del fentanilo, enfrenta críticas por su conexión familiar con el ministro de Salud, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para actuar con la debida independencia.
La ética en la función pública exige más que cumplir con las normas; demanda renunciamientos que protejan no solo a las partes involucradas, sino también a la institución judicial y a la ciudadanía. La confianza pública se erosiona ante la percepción de conflictos de interés, incluso antes de que se demuestre cualquier influencia indebida.
La solidez de una república no depende únicamente de su marco legal, sino también de las convenciones de conducta que deben regir a quienes ejercen el poder. Las decisiones legales pueden ser inconvenientes si socavan la confianza, un capital difícil de restaurar.
El deterioro institucional no se limita a la violación de leyes, sino que comienza cuando se deja de lado el cuestionamiento ético en favor del mero cumplimiento legal. Montesquieu afirmó que “la virtud política es una renuncia a sí mismo”, lo que define perfectamente el decoro como una forma de autocontención.
Cuando quienes ocupan funciones públicas no están dispuestos a renunciar a derechos que, aunque legales, pueden afectar la confianza de la ciudadanía, el decoro se convierte en una necesidad imperante. La falta de escándalo ante estas situaciones indica que el deterioro institucional ha pasado de ser un riesgo a convertirse en una mala costumbre.
Fuente: La Nación
