El caso de Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, ha revelado un entorno de privilegios en la cárcel de Marcos Paz. A casi un año de su detención por su implicación en al menos 90 muertes relacionadas con el suministro de fentanilo contaminado, su situación despierta controversia.
García Furfaro, principal acusado en la causa que lleva el juez federal Ernesto Kreplak, disfruta de beneficios que lo diferencian del resto de los internos. Su rutina incluye asados semanales, reuniones de negocios y una celda equipada con televisor de última tecnología.
Recientemente, la situación se complicó con el arresto de ex directivas de la ANMAT, Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumado, quienes fueron liberadas bajo una fianza de $150 millones. Estas ex funcionarias están acusadas de haber proporcionado un “manto de cobertura” a las operaciones del empresario.
En su celda del pabellón 6, García Furfaro mantiene una vida activa que incluye ejercicio y lecturas. Testimonios de familiares de otros reclusos indican que una camioneta particular ha ingresado a la prisión llevando alimentos de una verdulería que el grupo posee en el barrio porteño de Flores.
Además, se reporta que el empresario supervisa sus negocios, incluidos desarrollos inmobiliarios y una planta de productos biológicos en Paraguay, mediante encuentros frecuentes con su hermano Damián y su contador, Diego Castrillón.
La salud de su hermano Diego es una de sus principales preocupaciones, ya que enfrenta severos problemas de salud que requieren atención médica urgente.
Desde el punto de vista judicial, los abogados de García Furfaro han apelado el procesamiento en su contra, argumentando que no se ha demostrado que las bacterias en las ampollas fueran la causa de las muertes.
García Furfaro, con un pasado criminal que incluye una condena por tentativa de homicidio entre 2002 y 2009, ha buscado involucrarse en la educación dentro del penal, solicitando ser docente de Derecho. Su historial también incluye denuncias por estafas y episodios de violencia en contextos judiciales.
Fuente: NA
