La Fiscalía Federal N°1 de La Plata investiga un posible encubrimiento estatal que permitió la producción de fentanilo adulterado en condiciones de calidad deficientes por parte de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Esta crisis sanitaria ha resultado en la muerte de casi 100 personas.
Desde el inicio de la investigación, se ha señalado la implicación del Estado en la continuidad de las operaciones de los laboratorios, que están bajo el control de Ariel García Furfaro, actualmente detenido por su rol en el caso. Las recientes detenciones de la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y de la ex jefa del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecon Fumado, han revelado un entramado que favoreció a estos laboratorios pese a su historial de irregularidades.
Irregularidades y Encubrimiento
Los fiscales María Laura Roteta y Sergio Leonardo Rodríguez han argumentado que los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. presentaban un historial de incumplimientos en las buenas prácticas de fabricación. El Ministerio Público Fiscal sostiene que existió un manto de cobertura estatal que les permitió operar en condiciones críticas, lo que resultó en la contaminación del fentanilo producido por HLB.
Responsabilidades de las Exfuncionarias
La investigación ha puesto en evidencia que las exfuncionarias conocían el escenario de riesgo elevado que generaron las condiciones de producción, sin embargo, no tomaron medidas para mitigar los peligros. Conversaciones privadas y documentos oficiales han sido claves para demostrar su participación activa en la producción y comercialización del fentanilo contaminado.
Deficiencias en las Inspecciones
Los problemas de calidad fueron constatados por el INAME durante una inspección en Laboratorios Ramallo, donde se encontraron irregularidades estructurales y fallas en los sistemas de control de calidad. A pesar de las evidencias, el organismo regulador no activó mecanismos preventivos para interrumpir la circulación de productos contaminados, incluyendo lotes específicos que contenían bacterias peligrosas.
El dictamen resalta la demora en la prohibición de producción y la falta de acciones preventivas que permitieron que se distribuyeran medicamentos potencialmente letales. Hasta el momento, se ha documentado que las fallas en la regulación contribuyeron a la muerte de 90 personas y dejaron más de 40 lesionados.
Fuente: NA
