El Gobierno ha decidido postergar hasta el 1° de diciembre la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a cubrir obligaciones de los empleadores al finalizar una relación laboral. Esta medida fue oficializada mediante el decreto 1228/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La nueva normativa amplía el plazo mínimo de aportaciones por parte de los empleadores, que pasa de seis a doce meses antes de poder acceder a los recursos del fondo. Esta decisión representa una nueva prórroga del régimen establecido por la Ley de Modernización Laboral, que originalmente había fijado el inicio para el 1 de junio de este año y que ya había sido trasladado previamente al 1 de noviembre.
Según los fundamentos del decreto, todavía es necesario realizar ajustes en los procedimientos y sistemas informáticos para administrar los fondos de manera efectiva. El Ejecutivo ha señalado que se requieren pruebas adicionales para detectar y corregir posibles errores o inconsistencias antes de su implementación.
El pedido de prórroga fue formalizado por las cámaras que representan a los fondos comunes de inversión y otros actores del mercado a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Estas entidades solicitaron no solo la postergación del inicio del régimen, sino también la extensión del período inicial de acumulación de recursos.
El cambio más significativo es la extensión del período de carencia, que determina el tiempo mínimo durante el cual deben acumularse contribuciones antes de que los fondos puedan atender las obligaciones. Este plazo ahora se establece en doce períodos mensuales, comenzando desde el momento en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) registre el ingreso efectivo de la primera contribución del empleador.
Con esta extensión, el Gobierno busca asegurar que los fondos cuenten con una base de dinero suficiente para enfrentar las obligaciones a su cargo y preservar la estabilidad del sistema. Los FAL se implementarán mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros, bajo la supervisión de la CNV.
Este régimen beneficiará a los empleadores del sector privado, con excepciones según lo estipulado en la Ley de Modernización Laboral, quedando excluidas las relaciones laborales del sector público.
Fuente: La Nación
