La Cámara de Diputados ha reanudado el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, en un contexto marcado por el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó la paralización de ventas de tierras a empresarios extranjeros. La discusión se llevará a cabo en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
La reunión está programada para este martes a las 15:30 y será conducida por el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto a los legisladores libertarios Juliana Santillan y Laura Rodríguez Machado. La sesión se reanuda tras la interrupción de la semana pasada, que se produjo por tensiones entre el dirigente social Juan Grabois y algunos diputados.
Durante este encuentro, se espera la exposición de varios especialistas invitados por diferentes bloques políticos, incluyendo al ex ministro Daniel Filmus y el ex secretario de Malvinas, Guillermo. También participarán representantes de organizaciones como el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y el Observatorio Malvinas.
Puntos Claves del Proyecto
El proyecto propone un endurecimiento de las penas por la explotación de recursos en las Islas Malvinas, con sanciones que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión. Además, se ampliarían las prohibiciones sobre cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, no limitándose a los hidrocarburos.
Se establecerá un registro público de infractores, prohibiendo a los particulares y al Estado contratar con aquellos que estén inscriptos. También se introduce el juicio en ausencia para los delitos contemplados en esta nueva legislación.
Entre las novedades, se creará un Consejo de Seguridad Nacional que estará encabezado por el presidente y compuesto por importantes ministros del gabinete. Este consejo tendrá la responsabilidad de coordinar las áreas diplomática, económica, militar y de inteligencia, y podrá tomar medidas urgentes frente a amenazas inminentes.
Regulación de Aportes y Delitos
El proyecto también contempla la prohibición de aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente a partidos políticos y campañas. Se incorporan delitos relacionados con la revelación de secretos a servicios de inteligencia extranjeros y acciones para alterar procesos electorales.
Asimismo, la iniciativa redefine las funciones de la Defensa Nacional en el contexto de amenazas externas y establece un Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al terrorismo, lo que permitirá inmovilizar bienes relacionados con estas actividades.
Fuente: NA
