El gobernador Claudio Poggi enfrenta un desafío político tras las acusaciones de favoritismo en la entrega de viviendas sociales, formuladas por el exmandatario Alberto Rodríguez Saá. Esta acusación surgió tras la reciente entrega de 81 decretos de adjudicación, un acto que se enmarca dentro del programa habitacional provincial.
Durante un discurso en la sede de Compromiso Federal, Rodríguez Saá afirmó que las viviendas deben ser otorgadas a quienes realmente las necesitan, en lugar de a aquellos que están alineados políticamente con Poggi. Esta declaración pone en tela de juicio los criterios de distribución utilizados por el gobierno provincial en una de sus políticas más relevantes.
La crítica se produjo un día después de la inauguración de la construcción de 81 viviendas en más de 30 localidades, evento en el que se presentó el programa como parte de un esfuerzo por reactivar la oferta habitacional y generar empleo local. Sin embargo, Rodríguez Saá no presentó una lista de beneficiarios favorecidos ni documentaciones que evidencien irregularidades en la adjudicación.
Por este motivo, la acusación se interpreta más como un planteamiento político que como una denuncia de un delito específico. El sistema de adjudicación implementado por el gobierno provincial incluye un proceso de inscripción, cumplimiento de requisitos y sorteos públicos, en el cual se establecen criterios como la residencia en la provincia y la falta de otra vivienda.
En ocasiones anteriores, el Ejecutivo ha comunicado la realización de sorteos, aclarando que recibir un número no garantiza automáticamente la adjudicación, dado que se realizan verificaciones adicionales. Para las 81 viviendas anunciadas, Poggi indicó que el pago comenzará una vez que las casas estén finalizadas, con una cuota inicial de 60.000 pesos, que se ajustará cada seis meses de acuerdo con el índice salarial promedio del país.
Fuente: NA
