El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ha propuesto una nueva reforma del Código Procesal Laboral con el objetivo de reducir la litigiosidad en la provincia. Esta iniciativa busca ordenar las pericias médicas y proporcionar mayor previsibilidad tanto a trabajadores como a empresas y aseguradoras.
De acuerdo con informes de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 se registraron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos, lo que representa un incremento del 25% en comparación con el año anterior. En el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la litigiosidad creció un 38%, convirtiéndose en la tasa más alta entre las principales jurisdicciones del país.
Entre las modificaciones propuestas, destaca la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos que dependerá del Poder Judicial. Los miembros de este cuerpo serán seleccionados a través de un concurso y recibirán un salario fijo, desvinculándose así de los montos de incapacidad o indemnización.
Además, la reforma establece la aplicación obligatoria de un baremo nacional para determinar las incapacidades laborales. Los peritos deberán presentar fundamentos técnicos claros para sus evaluaciones, con el fin de unificar criterios y reducir discrepancias.
Los honorarios de los peritos también sufrirán cambios significativos; dejarán de calcularse en función del monto reclamado y se establecerán de acuerdo con la complejidad, calidad y utilidad del trabajo realizado, con un límite máximo establecido.
Asimismo, se eliminará la obligación de que los empleadores depositen previamente el monto de la condena, intereses y costas para poder apelar una sentencia laboral. Este cambio busca garantizar el derecho a una segunda instancia, manteniendo al mismo tiempo las medidas cautelares necesarias para asegurar el cumplimiento de las sentencias.
La UART ha expresado su apoyo a esta reforma, considerándola un primer paso concreto y necesario ante el aumento de litigiosidad. El Gobierno de Entre Ríos aspira a establecer pericias independientes y reglas uniformes que reduzcan los incentivos para la judicialización, al tiempo que proporcionan mayor previsibilidad a todos los actores involucrados.
Fuente: NA
