El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) ha expresado su preocupación ante la reciente evaluación oficial que busca incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas. Desde el gremio, han calificado este proceso como un «ruticidio», acusando al Poder Ejecutivo de llevar a cabo un «vaciamiento deliberado de Vialidad Nacional» para justificar la privatización y el cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional.
Según la documentación oficial presentada por el sindicato, entre 2024 y mayo de 2026, se recaudaron $1.503.252 millones que por ley estaban destinados a la infraestructura vial. Sin embargo, de esa cantidad, solo se ejecutaron $394.406 millones en obras. Esto significa que, al 31 de mayo de 2026, más de $1 billón de pesos permanecen inmovilizados en plazos fijos y títulos públicos.
Además, el propio Ejecutivo reconoció que parte de esos recursos son administrados por el Ministerio de Economía para mantener el equilibrio fiscal. En este contexto, la titular del gremio, Graciela Aleñá, cuestionó: «¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?»
El comunicado de STVyARA también destaca la contradicción del nuevo modelo de concesiones que, mientras asigna a Vialidad Nacional la responsabilidad de auditar y controlar miles de kilómetros concesionados, al mismo tiempo aprueba un segundo programa de Retiro Voluntario para reducir el personal. «No se puede exigir más control con menos Vialidad», advirtió Aleñá, quien agregó que esta situación debilita la capacidad técnica pública para utilizar posteriormente ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas.
Por último, el STVyARA rechazó categóricamente que la infraestructura vial sea evaluada bajo criterios de rentabilidad económica privada. Aleñá concluyó: «No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado».
Fuente: NA
