En medio de un clima de tensión en el Congreso, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, se presentó para defender el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas. La funcionaria llegó al plenario de comisiones este miércoles, a pesar de la ausencia de otros miembros del Gobierno que habían sido requeridos por los legisladores, como el canciller Pablo Quirno.
Durante su exposición, Ibarzábal Murphy, quien es considerada una ladera directa del asesor presidencial Santiago Caputo, buscó responder a las inquietudes de varios diputados que exigían la presencia de otros funcionarios, incluido el ministro de Defensa, Carlos Presti. La secretaria enfatizó que el tema es crucial para todos y propuso «deponer las armas», lo que generó reacciones críticas en la sala.
La funcionaria reconoció que el proyecto podría tener «fallas técnicas» y afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a realizar modificaciones. En este sentido, sugirió que el dictamen oficial podría incluir la creación de una comisión bicameral para supervisar el Consejo de Seguridad Nacional, que estará bajo la conducción del presidente Javier Milei.
A pesar de las críticas de la oposición y de la bancada del Unión por la Patria, que reclama la división del texto, Ibarzábal Murphy confirmó que el Gobierno no tiene intenciones de hacerlo. La oposición ha calificado la iniciativa de «engañosa» y argumenta que solo 40 de los 133 artículos están relacionados con Malvinas, mientras que el resto amplía las facultades del Ejecutivo en materia de defensa y seguridad.
El clima de debate se intensificó cuando el diputado Germán Martínez abordó la controversia sobre un fallo de la Corte que afecta la soberanía, lo que llevó a un intercambio tenso con Ibarzábal Murphy. Este episodio resalta las profundas divisiones en torno al proyecto, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión y las implicancias de los artículos propuestos.
En conclusión, la secretaria de Legal y Técnica cerró su exposición aclarando que no hay intención de afectar la libertad de expresión, sino de proteger el país de injerencias extranjeras. Sin embargo, algunos legisladores dentro de su propio bloque han manifestado dudas sobre la viabilidad del proyecto, lo que plantea interrogantes sobre su futuro en el Congreso.
Fuente: La Nación
